República Unida de la Soja

Nota del recomendable blog de Lucas Carrasco.

10 tesis sobre el campo

1) La Federación Agraria representa a los pequeños y medianos productores. Falso, sólo un porcentaje marginal está afiliado a la FAA, básicamente en la Pampa Húmeda. Son los que pueden sacar créditos bancarios, que luego, a través de la histórica extorsión de la FAA, pagará el estado bobo. Al quitarles el curro de la privatización menemista de las Cartas de Porte, la FAA es nada más que un partido político. Ocultan deliberadamente que cuando pidieron "colaboraciones" a sus propios afiliados, en guita y para pagarse los altísimos sueldos de sus directivos, nadie les puso un centavo. La asonada delictual de los días del desabastecimiento, no fue por amor a las gremiales patronales, que resultan más bien indiferentes (con excepción de la más sincera Sociedad Rural).

2) Las retenciones deben ser segmentadas. No se puede, porque los empresarios primarios no exportan, sino que producen, sin elaborar, la soja transgénica (y sin pagar patentes; porque el estado bobo les subsidia el costoso asesoramiento jurídico en Europa). Luego la venden y tras una cadena de intermediarios, llega a los exportadores. Lo que están pidiendo son subsidios a la tasa de ganancia, para que la mayor escala (y consecuente disminución de costos en pesos) reditúe tanto como la menor escala (y con ganancias en dólares). Para que esto sea viable, además de tirar a la basura las tesis de neoliberalismo del lejano oeste, deberían estar en blanco los pequeños y medianos empresarios primarios (los más evasores).

3) El gobierno nacional obligó a sembrar soja a los productores. Sí, también los obligó a no cometer delitos, a no armar patotas, a no cortar rutas, a blanquear trabajadores, a no tener exclavos, y así estamos. El empresariado improductivo se rige por la lógica de la máximización del capital, como cualquiera. Pero, al ser consciente de que no paga los costos de mediano plazo -envejecimiento de los empleados en negro, ruina de los campos alquilados, contaminación del agua, patentes de inventos robados, créditos bancarios, etc- ni en su sector más dinámico tiene inversiones de capital duraderas (no son dueños del campo ni de las maquinarias, y dejan a las empresas acopiadoras -cooperativas generalmente- que blanqueen la ruta negra de la soja) buscan la máxima ganancia ya. Son parte, además, de un movimiento de capitales a escala mundial que se refugia en los mercados primarios de exportación ante la crisis financiera (lo que agrega más inestabilidad a la crónica fluctuación de precios en ese mercado de exportación primaria) Eso es la soja, producto de los precios internacionales. Para frenar este proceso, había que duplicar las retenciones a la soja, pero culturalmente (gracias al Grupo A) hoy no es posible.
Este mercado, se rige por condiciones mundiales, a las que poco y nada -la 125 lo demostró- puede hacer un pequeño estado nacional del sur.

4) Las retenciones son confiscatorias. Estas boludeces las dicen abogados que militan en la derecha, que suelen trabajar para grandes empresas y los presentan en la tele como "constitucionalistas". Rancias zonceras, de lo que se trata es de un dólar diferenciado, una versión tibia y precaria de lo que fue el IAPI.
El ideal de esta derecha cavernícola es que los trabajadores subsidien el capital menos dinámico y más primitivo en el conjunto nacional, con un dólar alto y sin retenciones. No los conforma ni Duhalde, que llevó adelante la revancha social contra los trabajdores más cruel de todo el período democrático (y hay que superar a Chacho Alvarez y De La Rúa, eh).

5) Los productores trabajan de sol a sol. Los empresarios de la soja no trabajan. Pagan entre varios -los pequeños- la maquinaria que alquilan, los pocos profesionales que contratan (que por las dudas, nunca dejan su cargo en el INTA, no vaya a ser que mañana gobiernen los radicales y se acabe este período de fiesta sojera) y cierran los tratos con estudios jurídicos contables especializados. Hacen números, cada tantos meses, y después boludean un rato en el campo para ver de dónde comprar cosas en negro.

6) El campo está unido. Verso. Si tenés 40 hectáreas entre dos medianos campos sojeros, te van a fumigar tu campo y no te queda otra que sembrar soja trasngénica (y vendérsela a ellos). No hay nada más egoísta y sorete que un empresario rural de la pampa húmeda. En los "pueblos del interior" son tipos detestados, se reúnen entre ellos, la juegan de patroncitos bonachones; la gente de a pie, con amabilidad y respeto, los manda a cagar. Un dato poco estudiado es que la masividad de la asonada reaccionaria, se concentró en las grandes ciudades y se valió del recurso de que no se reprimía. En las ciudades chicas, fue la iglesia católica y su grupito de integristas, junto a las patronales, las que delinquían buscando el desabastecimiento.

7) El campo votó a Cristina. Los empresarios rurales sí votaron a Cristina, a pesar del feroz lobby -poco recordado- en contra de Kirchner y las retenciones de las patronales que ahora conforman la Mesa de Enlace. Lo que muestra su poca representatividad. De todos modos, la afrenta contra Cristina es fuertemente ideológica (es mujer, de izquierda, pro trabajadores, industrialista, es culta, inteligente, etc) y no económica. Los sectores agrarios que podrían reclamar económicamente, están más bien a la defensiva de las patronales (porque es verdad que el campo no sojero ni pampeano ni exportador la pasa muy mal: basta ver cómo explota a los pequeños tabacaleros el degenerado de Ramón Puerta).
Las elecciones de 2007 fueron atípicas: la otrora clase media rural (ahora media alta tirando a alta, de acuerdo a la estratificación por decil) dejó de lado su histórica adhesión al radicalismo, básicamente porque veníamos a De La Rúa y porque Duhalde, más los bonos provinciales, les dio el sueño del pibe: cuatriplicó las ganancias de los capitalistas primitivos, mientras hundía en la miseria a todo el resto (y ese contraste, en las pequeñas y medianas ciudades, te llena de glamour).

8) Si se bajan las retenciones esa plata irá a los pueblos del interior. Posiblemente, una parte. Pero la mayor parte, no. En el campo -no en los pueblos- prácticamente no queda nadie. El campo de la pampa húmeda es hoy un territorio de explotación, como diría el ecologismo friendly, "de saqueooooo"; como una playa de estacionamiento: nadie vive ahí. Los empresarios rurales, de cualquier escala, mandan a sus hijos a estudiar a las grandes ciudades o al exterior -la soja es una ecuación financiera- y manejan sus negocios desde la zona urbana. No tiene ningún sentido ni necesidad vivir en los campos que, además, ni siquiera son propios en muchos casos.
Los que quedan viviendo en el campo son los pocos trabajadores no profesionales ni especializados, los campesinos (casi ni existen ya en la pampa húmeda) y una pobreza rural estructural que depende del débil estado municipal de cada juridicción. Ahí, la universalización de las jubilaciones y la asignación familiar, impactan de lleno (y también las jubilaciones operan como subsidio al capital, en tanto que la asignación opera como piso salarial).
Incluso, los cuidadores de estancias, al ir desapareciendo las estancias, se encargan de largas extensiones de distintos dueños. Pero quedan, más que nada, cerca de las zonas de quintas.


9) El campo está enojado con Cristina. Ni más ni menos que el resto de la sociedad, quitando a los empresarios sojeros y los vacunos. Los quinteros -los que proveen las verduras y algunas frutas- viven en las periferias urbanas y a estas cosas no les dan bola. Miran las fluctuaciones de sus precios y costos y sacan ecuaciones desde ahí: la ingerencia real del estado en esas producciones primarias es, lamentablemente, casi nula. Es en las otras etapas de comercialización donde Guillermo Polémico Moreno, el gran ineficiente, asusta a las abuelitas.
Las producciones regionales, con sus más y sus menos, están ingresando en etapas relativas de industrialización. Algunas dependen de los precios internacionales más que otras (frutas, cítricos, vinos, algunas carnes no tradicionales, pollos, frigoríficos, etc) pero priorizan, en general, el aspecto industrialista que les facilita este modelo económico. Tienen, más bien, las previsibles quejas clasistas sobre las paritarias, los combustibles, los subsidios sólo en el puerto, etc.

10) Los subsidios a los fletes son una medida progresista. La misma agrupación estudiantil de centroderecha, Proyecto Surf, que difundió un bodrio de película sobre los trenes, como es financiada por la FAA, sostiene esta pavada. Todo verso: por un lado, el sojero Pino Solanas debe saber que los ferrocarriles se reconstruyeron y están reconstruyéndose con la misma lógica que cuestionaba Scalabrini Ortíz, para llevar a los puertos el poroto verde que comen los chanchos chinos. Por otro lado, un campo más lejos del puerto vale menos (sin considerar las otras variables del precio del campo) que uno cerca, obviamente. Si se subsidia el costo del flete, no sólo se expandirá la frontera sojera, sino que además, subirá el precio de los campos más alejados del puerto y por ende de todos los campos; aumentándole los costos al empresariado primitivo.
¿Y porqué la FAA plantea ésto (que además, estaba en la 125 que llegó al congreso)? Porque apuestan a ser los intermediarios -calculando que muchos empresarios preferirán en sus ecuaciones financieras seguir en negro en vez de blanquearse para recibir los subsidios- entre el estado bobo y los empresarios que hagan cola. Este es el modo coercitivo con el que siempre obtuvo afiliados la FAA (extorsión a bancos y estados provinciales, cartas de porte, etc). Y por otra razón más importante: la FAA representa, principalmente, a los propietarios rentísticos de la pampa húmeda que alquilan los campos, no a quienes los explotan financieramente (que mayormente no están agremiados, pero de estarlo, irían a la Sociedad Rural). A pequeños y medianos propietarios de la pampa húmeda (es decir, un millonario capital que da una suculenta renta sin hacer nada) les interesa un aumento de ganancias para quienes explotan los campos -subsidios al flete- si además va acompañado de un aumento del precio del capital, la tierra.

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Vuelta de tuerca

Con base en la nota anterior y en otra de Horacio Verbitsky en Página/12, Diego de Mundo Perverso publicó una brillante vuelta de tuerca:

$2,500 millones para financiar la inquisición
La discusión en torno del matrimonio igualitario destapó una olla que hasta ahora había sido prácticamente tabú: cómo con nuestros impuestos financiamos a una retrógrada institución religiosa que utiliza esos fondos para oponerse a la educación sexual, al reparto de anticonceptivos, al aborto seguro legal y gratuito, al divorcio y al reconocimiento de los derechos de las minorías.

Primero veamos algunos datos interesantes tomados del artículo de Horacio Verbitsky en Página/12 de hoy titulado "La tienen adentro":

- el 76,5 por ciento se definen como católicos/as, pero el 61,1 por ciento se relaciona con Dios sin intermediación de la Iglesia.

- pese a la condena de la jerarquía, sólo el 15 por ciento de los católicos/as se oponen al aborto, porcentaje aun menor al 16,9 por ciento que se da en la población total.

- un 92,4 por ciento de la población está de acuerdo con que se brinde educación sexual en las escuelas, porcentaje que incluso se eleva entre los católicos.

- entre ocho y nueve de cada diez apoyaron la promoción oficial del uso de preservativos contra el sida, el ofrecimiento gratuito de anticonceptivos en hospitales, clínicas y centros de salud, la información sobre contraconcepción en los colegios, que la jerarquía rechaza.

- casi siete de cada diez consideró positivas las relaciones sexuales antes del matrimonio.

- apenas uno de cada cuatro considera apropiado el pago oficial del salario de obispos y pastores.

- la mitad dijo que sólo se justifica el financiamiento estatal de las escuelas confesionales allí donde asiste la población carenciada, y más del 18 por ciento que nunca.

- el 55 por ciento preferiría una materia general sobre religión y no la enseñanza de los preceptos de una de ellas.
Esto habría que complementarlo con dos datos más. El primero es el reconocimiento que hacen incluso legisladores de la iglesia respecto a que con los recursos que recibe la iglesia católica del Estado nacional hacen lobby para presionar por causas totalmente retrógradas (ya lo habían hecho con la unión civil y ahora con el matrimonio igualitario). O sea, con nuestros impuestos les pagamos a esta institución que declara la jihad, presiona a legisladores y adoctrina a los chicos en las escuelas que subsidiamos con los impuestos de todos (que son los que financian su actividad política).

Y esto nos lleva al segundo dato: ¿cuánto es la tajada que se lleva esta institución? La respuesta está en esta investigación de Eduardo Blaustein publicada en Miradas al Sur: $2,500,000,000 al año y personajes como el líder de la jihad vaticana Jorge Bergoglio reciben -a diferencia del resto de los mortales sin pagar impuestos ni cargas sociales ni jubilación- la suma de $8200 mensuales, suma que pretenden llevar a $13,000.

Tomando algunos datos del presupuesto 2010 a fines de establecer una comparación que nos permita entender cuánto representa esta suma (click para agrandar):

Se puede apreciar que estamos utilizando más recursos para financiar a la Iglesia que, por ejemplo, al ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Se usan un poco menos de recursos que lo cuesta anualmente sostener al poder Judicial pero es casi equivalente a la suma de lo que anualmente se paga al poder Legislativo nacional y al Ministerio del Interior.

El hecho de estar pagando más del doble de lo que el Estado destina a la ciencia a personajes que creen que el universo gira alrededor de la tierra (planeta sostenido por elefantes que se apoyan sobre infinitas tortugas), que se aliaron históricamente con los poderosos de turno incluyendo la última y sangrienta dictadura argentina, que masacraron a millones de personas a lo largo de la historia por cuestionar o no vivir de acuerdo a sus dogmas, que boicotean los planes de anticoncepción y educación sexual, que abusa sexualmente de chicos a lo largo del planeta, que adoctrinan a los alumnos que asisten a sus escuelas incluso planteando que la ley de la evolución es equiparable a la idea de que el mundo se creó mágicamente en 7 días y que discrimina no sólo a los homosexuales sino por ejemplo a las adolescentes que quedan embarazadas; todo esto habla de que la lucha por aquello de "Estado laico" sea realidad va a requerir de una ardua lucha que recién empieza con la aprobación del matrimonio igualitario (de paso, no se pierdan este post de Alejandro Turner en Artepolítica).

Si la iglesia quiere seguir haciendo política es hora de sacarle los subsidios o, si no se quisiera optar por ese camino, subsidiar de la misma manera a todas las religiones. Pero por sobre todo a la única verdadera religión: el pastafarismo.

Pd.: recomiendo leer la original por los link que tiene, que acá no incluí.

Cómo se financia el partido de la fe católica

Nota de Eduardo Blaustein publicada en Miradas al Sur.

Los diferentes fondos públicos con que cuenta el culto católico para su funcionamiento en el país superan los 2.500 millones de pesos anuales

Tras la sanción de la ley de matrimonio igualitario, durísimo golpe contra la presunta autoridad espiritual de la Iglesia sobre los asuntos terrenales de los argentinos, el tema del dinero invertido por el Estado en el sostenimiento del culto católico y/o en su inmenso sistema de colegios confesionales es una discusión que aguarda algún escenario mediato. Con dos mil años de comunicación y propaganda a cuestas las autoridades eclesiásticas tienen perfecta conciencia del asunto. De hecho se vienen anticipando al debate con cálculos como el que todavía hoy pueden leerse en la web del Plan Compartir de la Conferencia Episcopal Argentina, en la que se asegura que en 2007 el Estado dedicaba “una partida de sólo 17.323.913 pesos” para el sostenimiento de la Iglesia, lo cual apenas “representa el 0,014% del total del Presupuesto Nacional”. Así como los documentos de trabajo eclesiales llegaron a sostener más o menos que los homosexuales son proclives a convertirse en hombres lobo, el número es un recorte falaz. En 2010, el dinero derivado al sostenimiento de la Iglesia se incrementó a 35.868.353 pesos. Pero esa cifra es ínfima si se toman en cuenta el dinero estatal que van a las escuelas confesionales, hasta redondear un monto estimable en bastante más de 2.500 millones de pesos anuales.
Consultado por Miradas al Sur , Guillermo Olivieri, titular de la Secretaría de Culto de la Nación –organismo responsable de pagar el sueldo de los religiosos– informa que la partida que recibe esa cartera del Presupuesto nacional asciende a 32 millones de pesos anuales. Desde el sitio oficial de esta Secretaría, se informa que se asignan “por medio de sus diócesis y otros organismos, en concepto de sostenimiento del culto que incluye la colaboración económica para visitas ad limina , sínodos, conferencias regionales y viajes en cumplimiento de acciones pastorales”. También se destinan a una red de “437 institutos de vida consagrada inscriptos, que actúan a través de 4.500 casas y obras apostólicas existentes en todo el país”.
En el desagregado sobre el destino de esos fondos se hace mención a “Asistencia Financiera/Culto Católico”, dinero que va a 122 arzobispos y obispos, 1.600 seminaristas y 640 sacerdotes. El sueldo de un arzobispo, actualmente es de 8.200 pesos. Sin embargo, Olivieri precisa que “debería ascender a 13.000 pesos”, por ser el equivalente al 70 por ciento de un juez nacional de primera instancia. Sin embargo, los purpurados, amén de sus discursos en torno de la equidad y los pobres, no pagan impuestos, no tienen cargas sociales, no aportan a Ganancias ni a la jubilación.
Jorge Horacio Gentile, un ex diputado demócrata cristiano y docente de las universidades Nacional y Católica de Córdoba, explica que los dineros del Estado van también a parroquias de frontera o zonas desfavorables, a jubilaciones graciables para sacerdotes (las pueden cobrar Antonio Basseotto, Christian Von Vernich o Juan Carlos Maccarone, el obispo echado de Santiago del Estero presuntamente por sostener relaciones non sanctas para la Iglesia), o a pasajes para obispos, sacerdotes y agentes pastorales. En cuanto a los curas de parroquias, el secretario de Culto de la Nación aclara que no cobran, excepto los de frontera.
Lo poderosamente llamativo es que la asignación de estas partidas deviene de tiempos en los que reinaba la paz social, primaban el diálogo y el consenso. Todas y cada una de las normas relacionadas con los sueldos clericales nacieron de “acuerdos con la Santa Sede” y de leyes surgidas en tiempos dictatoriales: de la Revolución Libertadora al Onganiato y, de allí, al Proceso. Sólo durante la última dictadura fue que se sancionó la Ley 21.540 en 1977 –que fija las asignaciones mensuales vitalicias a arzobispos, obispos y auxiliares eméritos–, además de otras… ¡Siete! leyes que ampliaron el número de curas e instituciones confesionales beneficiadas.
Pero más allá del andamiaje legal que supo conseguir, la jerarquía eclesiástica cita como argumento de base para justificar los fondos que eroga el Estado para solventar su funcionamiento en el artículo 2º de la Constitución Nacional: “El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”.

Recursos pesados. Como se dijo más arriba, lo abrumadoramente sustancial de lo que el Estado invierte en el sostenimiento de la Iglesia no pasa por los casi 36 millones derivados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (35 millones de pesos fue la primera partida que destinó el Gobierno Nacional en 2009 para financiar un programa de protección de los bosques nativos en las provincias; igual suma invirtió el gobierno de Santa Fe para repavimentar un tramo de la Ruta 4 y construir un nuevo puente sobre el Salado), sino por los miles de millones que van a escuelas confesionales. Desde que en los ’90 se descentralizaron (mal) los recursos, el Ministerio de Educación de la Nación no destina recursos con eventuales destinos a “privada o pública”. Los fondos van a las provincias y éstas deciden su distribución. Hoy, el presupuesto total del Ministerio de Educación es de $17.514 millones (20 mil millones si se incluyen otros programas de gobierno que involucran a las FF.AA. o la construcción de escuelas). A esto se suma la cifra que este año invertirán las provincias: 64 mil millones, de los cuales cerca del 10 por ciento son transferencias a la educación privada.
Cuánto de ese sector de la educación privada representa a las confesionales es un rompecabezas complejo de armar. Pero hay pistas evidentes que permiten rehacer un mapa cercano al real. De acuerdo al relevamiento oficial de 2008, en todo el país existen 9.114 establecimientos escolares privados de los niveles inicial, primario y secundario. De ese total, 3.638 son confesionales, 3.220 no lo son y queda un número de 2.256 establecimientos “sin información”. Si se aplicara una proyección prudente acerca de cuánto de ese 11 por ciento de los 53 mil millones transferidos a la educación privada va a las confesionales, la cifra superaría largamente los 2.000 millones de pesos anuales destinados a colegios religiosos, fundamentalmente para pagar salarios. A ese número hay que añadir un 15 por ciento de lo que el Estado destina a través del Fondo de Incentivo Docente y Compensación salarial –cuyo total es de 3.000 millones de pesos–, que implican 450 millones más.
Como en tantas áreas, ni desde el Estado ni desde la investigación académica abundan cifras definitivas, ciertas y precisas sobre este tema que tradicionalmente incomoda a los funcionarios, incluso a los más progresistas. Hace un par de años Horacio Verbitsky publicó una investigación en la que decía que “la aproximación más confiable indica que el sistema privado consume el 13,5 por ciento de todos los recursos estatales para educación, que en 2006 ascendieron a 24.500 millones de pesos, y la confesional más de la mitad de ese monto, el 7,5 por ciento del total, es decir 1.837 millones de pesos”.
No sólo en términos nominales o por el crecimiento de la inversión educativa a escala nacional, parecería que la cifra actualizada es bastante mayor, hasta superar los 2.500 millones. Más pistas para intentar armar el rompecabezas son las que pueden tomarse de dos distritos tan importantes como el de la provincia de Buenos Aires y el de la Capital (ver subnota en estas páginas). En la Provincia existen poco más de 5.000 escuelas privadas, de las que 1.452 son confesionales y, de nuevo, 1.954 aparecen como “sin información”. Por lo menos hacia el 2008, más de 2.600 escuelas recibían el 100 por ciento del subsidio para pagar salarios docentes, 1.315 recibían el 80, y otras 868 entre el 20 y el 80 por ciento. Estos últimos datos son de una investigación de la periodista Nora Veiras, especializada en el tema educativo. En la gran mayoría de los casos se trataba de escuelas confesionales.
Hasta aquí no entran a tallar los inmensos dineros privados asociados a la Iglesia ya sea por colectas, en depósitos bancarios, asociaciones de empresarios cristianos o complejos sojeros, para lo cual el lector deberá ir a otras páginas de esta edición. Aún así, los números reseñados demuestran lo forzado del argumento de la Conferencia Episcopal Argentina allí donde se dice que “el aporte del Estado a la Iglesia representa el 0,014 % del total del Presupuesto Nacional”. O cuando asegura que “concretamente, el aporte del Estado representa menos del 7% de los ingresos que tiene la Iglesia argentina”, sin mencionar de dónde proviene el 93% restante de una cifra total de ingresos no citada.

El pecado Rivadavia. Los defensores del sostenimiento del culto católico con recursos estatales suelen retroceder casi 200 años de historia argentina para fundamentar el por qué de ese gasto. En palabras del ex diputado Gentile lo que “aparenta ser un privilegio tiene una razón histórica en la cuantiosa confiscación de bienes que hizo el Estado a la Iglesia y a las ordenes religiosas” durante los gobiernos de Martín Rodríguez y Bernardino Rivadavia, hacia 1822.
Dos siglos después, tres países cercanos de la católica América latina (Brasil, Uruguay, Chile) no sostienen ningún culto. El gobierno de España firmó un acuerdo con la Conferencia Episcopal Española a través del cual se acabó con la donación directa del Estado y se subieron los aportes voluntarios del impuesto a las rentas, algo que también se practica en Alemania. Difícilmente pueda decirse que la Argentina es un país más católico que Chile o España.
Y si se trata del respeto a una identidad religiosa, habrá que tomar las principales conclusiones de la Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas realizada, entre otros por Fortunato Malimacci y Juan Cruz Esquivel en 2008 desde el Conicet. “Los datos destacan el pluralismo y la diversidad presente en el campo religioso, junto con la preservación de una cultura cristiana”, decía una de las conclusiones centrales de esa encuesta. Lejos de la cifra tirada al bulto de un 85 a 90 por ciento de católicos practicantes que suele manejar la Iglesia, el estudio hablaba de un 76,5 por ciento de la población que se define como católica. Pero de ese porcentaje casi dos tercios, el 61,1 por ciento, “se relaciona con Dios por su cuenta” y no a través de la institución eclesial.
Siempre según la encuesta, en la Argentina existe un 9 por ciento de personas que se declaran evangélicas, mientras que el 11.3 manifiesta ser ateo, agnóstico, o no tener ninguna religión. El 23,3 por ciento no se casó o piensa hacerlo por iglesia. El 76 afirma concurrir “poco o nunca” a los lugares de culto. Según Malimacci y sus colaboradores, se está “frente a complejos procesos de desinstitucionalización religiosa y de individuación de las creencias”.
¿Y el pago de los salarios para los obispos y curas? Según el trabajo, sólo es aceptado por el 27 por ciento de los entrevistados.

Ayuda social. El cálculo realizado en esta nota de los recursos estatales de los que dispone la IglesIa, no incluyen los aportes de Desarrollo Social, que recibe Cáritas. Sin embargo, no se puede desconocer el importante trabajo social que desarrollan curas y religiosos con los sectores más vulnerables. En este punto, según el estudio mencionado anteriormente, la contribución financiera del Estado a esta tarea tiene un amplio grado de aceptación en la población, que llega al 75 por ciento.